En el entramado social de la Argentina contemporánea, el acceso a la justicia bajo criterios igualitarios se ha convertido en uno de los anhelos más profundos y urgentes. En este contexto, la importancia de juzgar con perspectiva de género adquiere una relevancia que trasciende el plano jurídico y se instala en el centro mismo de los valores democráticos, la dignidad y los derechos humanos.

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Juzgar con perspectiva de género no es un capricho ideológico, ni una moda pasajera: es una obligación ética, jurídica y social ampliamente respaldada tanto por la normativa argentina como por las convenciones internacionales a las que el país adhiere. La experiencia de miles de personas, históricamente invisibilizadas, impulsa la necesidad de una mirada más justa, empática y transformadora en los procesos judiciales.

 

Vivimos tiempos en que la justicia se enfrenta, una y otra vez, al dolor profundo de quienes han sufrido violencia de género. Los últimos casos judiciales, en los que se juzga la violencia ejercida por hombres hacia mujeres, nos conmueven y nos interpelan como sociedad. Cada expediente, cada declaración, cada sentencia, más que datos, representan historias humanas de sufrimiento, valentía y, muchas veces, esperanza.

 

El proceso judicial no solo es un trámite legal; para muchas mujeres significa el inicio de la recuperación de su dignidad y el reconocimiento de su voz. Sin embargo, cada caso nos recuerda la magnitud de la problemática: la violencia de género no distingue edades, clases sociales ni contextos. Es una herida abierta que exige atención sensible y urgente por parte de todas las personas.

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A través de los testimonios, escuchamos relatos conmovedores que nos invitan a la empatía y la reflexión. Las mujeres que deciden denunciar lo hacen enfrentando miedo, dolor y, a menudo, la incomprensión de su entorno. Los juzgados se convierten en escenarios donde la verdad lucha por salir a la luz y donde cada sentencia puede marcar un precedente para transformar el sistema y proteger a quienes más lo necesitan.

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El marco normativo argentino y los compromisos internacionales

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La Argentina ha recorrido un camino significativo en materia de derechos humanos y equidad de género. La sanción de la Ley 26.485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, es una piedra angular en la lucha contra la discriminación y la violencia motivadas por razones de género. Esta ley, junto con el compromiso asumido por el Estado argentino en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, coloca a la perspectiva de género en el centro del quehacer judicial.

Dichas normas, lejos de ser meras declaraciones, exigen a todas las personas que intervienen en la administración de justicia—desde jueces y juezas hasta personal administrativo—abordar los casos con una sensibilidad especial, considerando las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y a las personas LGBTIQ+.

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La CEDAW, ratificada por Argentina en 1985, establece la obligación de los Estados de adoptar medidas para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres en la vida política, social, económica y cultural. Define discriminación como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales.

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En sintonía, la Convención de Belém do Pará, ratificada en 1996, afirma el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia, reconociendo la violencia de género como una violación de los derechos humanos y una manifestación de relaciones desiguales de poder. Ambos instrumentos son de jerarquía superior y exigen al Estado argentino adoptar políticas públicas, adecuar la legislación interna y, fundamentalmente, garantizar que la justicia se pronuncie de manera efectiva y sensible ante estas realidades.

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¿Qué significa juzgar con perspectiva de género?

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Juzgar con perspectiva de género implica reconocer que la igualdad formal ante la ley muchas veces no se traduce en igualdad real. La discriminación, los estereotipos y las violencias de género se encuentran arraigadas en la cultura y el sistema jurídico no es ajeno a estas influencias.

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Este enfoque exige analizar cada caso teniendo en cuenta las desventajas históricas, sociales y económicas que enfrentan las personas por razones de género. Implica cuestionar sesgos, revisar la interpretación de las normas y considerar el contexto particular en el que ocurrieron los hechos. Supone, además, un compromiso por parte de quienes imparten justicia de no perpetuar la revictimización y de garantizar el acceso efectivo a la justicia.

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Cada vez que un tribunal reconoce la existencia de violencia simbólica, psicológica, económica o física, y adecua su análisis a la realidad de quienes han sido víctimas, no sólo imparte justicia individual, sino que contribuye a transformar un sistema que durante décadas perpetuó la exclusión y el dolor. El reconocimiento de la violencia institucional y la incorporación de la perspectiva interseccional - es decir, la consideración de múltiples factores de discriminación, como el origen étnico, la clase, la orientación sexual o la discapacidad- son avances que se deben consolidar y profundizar.

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Pero para que la perspectiva de género no quede solo en palabras, resulta fundamental la capacitación continua de todas las personas que trabajan en la administración de justicia. En este punto, la Ley Micaela (Ley 27.499) representa un hito, obligando a todas las personas que integran los tres poderes del Estado a recibir formación en género y violencia contra las mujeres.

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La capacitación no es un acto formal, sino el cimiento que permite a jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras, comprender las vivencias de las personas que buscan justicia y garantizar una mirada transformadora en cada etapa del proceso judicial. La empatía, el conocimiento y la apertura al cambio son, en definitiva, las herramientas que pueden torcer el curso de la historia.

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Juzgar con perspectiva de género es reconocer que detrás de cada expediente hay una vida, un proyecto, una esperanza. Es comprender que la justicia no puede ser ciega ante las desigualdades que perpetúan la violencia y la discriminación. Es apostar por una sociedad donde todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceso a sus derechos, sin importar su género u orientación sexual.

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Un llamado al compromiso

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El desafío de juzgar con perspectiva de género es inmenso, pero también lo es su potencial transformador. Es un acto de justicia, de reparación y de amor social. Las leyes argentinas y los pactos internacionales trazan el camino, pero el verdadero cambio depende de la voluntad y el coraje de quienes día a día deciden mirar el mundo con otros ojos. Solo así será posible construir una justicia realmente igualitaria, donde la dignidad y los derechos de todas las personas sean el horizonte inquebrantable de nuestra democracia.

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Hoy, más que nunca, los últimos casos judiciales nos recuerdan que la lucha contra la violencia de género es responsabilidad de todas las personas. Que el dolor de cada víctima sea el motor para construir una sociedad más justa, donde ninguna mujer tenga que vivir en silencio ni en miedo.  Que cada historia nos mueva a la acción. Que cada sentencia fortalezca el compromiso colectivo. Que como letrados nunca dejemos de alzar la voz por quienes aún no pueden hacerlo.

 

La justicia, acompañada de empatía, puede transformar el dolor en esperanza y abrir caminos hacia una vida libre de violencia para todas las mujeres.