A 40 años del Juicio a las Juntas: la memoria que sigue marcando a la democracia

Buenos Aires. Fue un 22 de abril de 1985 cuando el país entero detuvo la respiración. En la sala de audiencias de la Cámara Federal, un grupo de jueces civiles comenzaba a juzgar a nueve de los principales responsables de la dictadura militar. Las cámaras de televisión no transmitían en vivo, pero el eco de esas jornadas atravesó cada hogar argentino: era el Juicio a las Juntas, la primera vez en la historia mundial que un tribunal civil en democracia juzgaba a los mandos de un régimen dictatorial por crímenes de lesa humanidad.

Cuatro décadas después, familiares de víctimas, sobrevivientes, juristas y miles de ciudadanos volvieron a reunirse frente a los Tribunales de Comodoro Py para conmemorar aquellas jornadas que marcaron un antes y un después.

“Fue la piedra fundacional de la democracia argentina”, dijo esta mañana la abogada Graciela Daleo, ex detenida-desaparecida y testigo en aquel proceso: “Allí se rompió el pacto de silencio, allí empezamos a nombrar el horror con todas las letras”.

El juicio duró ocho meses, escuchó a más de 800 testigos y culminó con la histórica sentencia del 9 de diciembre de 1985: condenas a cadena perpetua para Jorge Rafael Videla y Emilio Massera; penas de 17 y 8 años para Roberto Viola y Armando Lambruschini, y absoluciones para otros. Fue un parteaguas: Argentina mostraba al mundo que podía juzgar a sus genocidas con las reglas del Estado de derecho.

En la conmemoración, los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo volvieron a ocupar la escena, acompañados por una generación joven que nació mucho después del juicio, pero que repite el mismo compromiso: “Memoria, verdad y justicia no son consignas del pasado, son nuestro presente”.

El paso del tiempo no diluyó el peso de aquella decisión política y judicial. Muy por el contrario, cada nuevo aniversario reafirma que el Juicio a las Juntas no fue un capítulo aislado, sino el inicio de un camino que todavía hoy sostiene miles de procesos en todo el país contra represores de la dictadura.

En un contexto donde resurgen voces que relativizan el terrorismo de Estado, la conmemoración de los 40 años adquiere un carácter urgente: recordar que la democracia se construye no sólo con votos, sino también con justicia.

Juicio a las Juntas Militares 

El 22 de abril de 1985, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, comenzó un acontecimiento fundacional para la vida democrática argentina: el Juicio a las Juntas Militares, en el que fueron condenados cinco integrantes de las Fuerzas Armadas y otros cuatro fueron absueltos. A lo largo de 17 semanas de audiencia se expusieron 709 casos de violaciones a los derechos humanos, un número acotado en relación con la cantidad de víctimas de la última dictadura pero suficiente para demostrar que el terrorismo de Estado fue un plan sistemático. El fiscal del Juicio, Julio César Strassera, concluyó su alegato con palabras que aún hoy resuenan en la memoria popular: “Señores jueces, nunca más”.

Después de la derrota en la guerra de Malvinas, el gobierno militar, ya desgastado, comenzó a planear la transición política. En abril de 1983, bajo el mando de Reynaldo Bignone, se dio a conocer el “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, donde afirmaba que las acciones cometidas por las Fuerzas Armadas no podían ser juzgadas porque habían ocurrido “en un contexto de guerra”. El texto señalaba que en ese “marco casi apocalíptico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres”. Por último, el documento reconocía que las personas desaparecidas estaban muertas.

En el mismo sentido, en septiembre de 1983, la Ley de “Pacificación Nacional”, conocida como la Ley de Autoamnistía, declaraba que quedaban suspendidas las acciones penales contra quienes hubieran realizado actos dirigidos a poner fin a “las actividades terroristas o subversivas”, fueran “autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores”. Unos meses después el Decreto Confidencial N.º 2.726/83 buscó eliminar toda la documentación vinculada a las operaciones realizadas durante el terrorismo de Estado, lo que confirmó que hasta el último momento la intención de la dictadura fue actuar en la clandestinidad.

cuando el 30 de octubre de 1983 triunfó la fórmula de la Unión Cívica Radical (UCR), integrada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, el tema cobró aún más relevancia. Un grupo de intelectuales cercano al radicalismo, reunido en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, desarrolló un proyecto para implementar los juicios por violaciones a los derechos humanos. Esto generó algunas tensiones al interior del partido radical, ya que existían posturas más conservadoras que se oponían.

A los tres días de asumir, Alfonsín envió varios proyectos de ley al Congreso: derogó la Ley de Autoamnistía y mediante los decretos 157 y el 158/83 sentó las bases para enjuiciar a la Junta Militar, por un lado, y a los líderes de las organizaciones Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), por el otro. Una equiparación que se sostenía en la llamada “teoría de los dos demonios”, el discurso que igualaba la violencia estatal de la dictadura con otras formas de violencia política y que por lo tanto consideraba que debían ser juzgadas de igual forma.

El Decreto Nº 158 instaba a que las cúpulas militares fueran juzgadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, lo que provocó el rechazo de los organismos de derechos humanos, que insistían en que fueran juzgados en tribunales civiles.

Para llegar a la escena del juicio fueron necesarios algunos otros pasos previos. Uno de ellos fue la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuya investigación permitió sistematizar las denuncias que venían recopilando los organismos de derechos humanos. El informe fue presentado ante el presidente Raúl Alfonsín el jueves 20 de septiembre de 1984, en una jornada en la que se movilizaron más de 70 mil personas. Ese día, en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, se sostuvo el pedido de que las Fuerzas Armadas fueran juzgadas por un tribunal civil.

Esta demanda demostró ser necesaria cuando días después, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas absolvió a las Juntas Militares afirmando que la lucha contra “la subversión terrorista” era “inobjetable”. Por lo tanto, el andamiaje que buscaba garantizar la impunidad empezó a resquebrajarse y se volvió necesario atender al pedido de los organismos de derechos humanos: “Juicio y castigo a los culpables”.

Al poco tiempo, nueve de los diez excomandantes de las tres primeras Juntas Militares fueron llevados ante un tribunal civil, en el marco de un juicio sumario, oral y público: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Armando Lambruschini, Rubens Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo.

Este acontecimiento, que generó expectativas en el pueblo argentino y en la comunidad internacional, no estuvo exento de tensiones. El domingo previo al comienzo del juicio, el presidente Raúl Alfonsín denunció presiones y un posible intento de golpe de Estado, y pidió a la sociedad que acompañara el desarrollo del juicio.

El juicio se extendió entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 y se realizaron 78 audiencias durante 530 horas, que fueron grabadas íntegramente por Argentina Televisora Color (ATC) aunque solo podían emitirse por día unos minutos y sin sonido. Estos registros fueron archivados en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En abril de 1988, por temor a que fueran destruidos por un alzamiento militar, se envió en secreto una copia del material a Noruega. Durante el tiempo que duró el juicio, se recibían amenazas de bomba todos los días.

El periodista Pablo Llonto, acreditado en las audiencias, cuenta en su libro El juicio que no se vio que en una de las jornadas Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo, discutió con el personal que controlaba el ingreso: “Si los militares entran con uniforme, por qué yo no voy a entrar con el pañuelo”, preguntó cuando no la dejaban entrar con el símbolo de lucha de las Madres. Finalmente se sacó el pañuelo y lo guardó en la cartera. 

El alegato final del fiscal Strassera comenzó con las siguientes palabras: “La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia”. En su alocución dijo que aquellos meses fueron un verdadero descenso a los círculos del infierno y fundó su estrategia en mostrar y probar la sistematicidad del accionar de la dictadura. Como la desaparición de personas carecía de figura penal en ese entonces, aunque pudo ser tematizada durante el juicio no tuvo representación en las condenas. Es así que el 9 de diciembre de 1985, ocho meses después del inicio, el juez León Carlos Arslanián leyó el fallo de la Cámara confirmando la existencia de un plan sistemático y convalidó las pruebas recogidas a través de los testimonios para refutar las justificaciones esgrimidas por la defensa, relacionadas con la existencia de una guerra.

Alegato completo de Julio César Strassera:

Señores Jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana. Donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después.

Dante Alighieri, en La Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos: para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descriptos por el poeta: "Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas."

Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados, si bien no puedo descartar que otro tribunal, de aún más elevada jerarquía que el presente, se haga oportunamente cargo de ello. Me limitaré a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo. Sigo a Oliver Wendell Holmes, cuando afirma: "La ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas. Si uno persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas."

El castigo, que según ciertas interpretaciones no es más que venganza institucionaliza, se opone, de esta manera, a la venganza incontrolada. Si esta posición nos vale ser tenidos como pertinaces retribucionistas, asumiremos el riesgo en la seguridad de que no estamos solos en la búsqueda de la deseada ecuanimidad. Aun los juristas que más escépticos se muestran respecto de la justificación de la pena, pese a relativizar la finalidad retributiva, terminan por rendirse ante la realidad.

Podemos afirmar entonces con Günter Stratenwerth que aun cuando la función retributiva de la pena resulte dudosa, fácticamente no es sino una realidad: "La necesidad de retribución, en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública, no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa, aunque sólo sea supuestamente la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia de Lynch."

Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la Nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan "hechos políticos" o "contingencias del combate."Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la Nación y su imagen internacional, severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal.

Por todo ello también, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la Nación. Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el periodo 1976-1982. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se endilgan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y, finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con su inconducta.

Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. No se trata, por supuesto, de revivir viejos “slogans”, como aquel de que “la sangre derramada no será negociada”, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando. Se trata, simplemente de que, a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos. Ya hemos hablados de pasadas y frustradas amnistías.

Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos; me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación, y solicito que, al fallar, en definitiva, se los condene a las siguientes penas:

- Jorge Rafael Videla: Reclusión perpetua con más la accesoria del art. 52 del código penal.- Emilio Eduardo Massera: Reclusión perpetua con más la accesoria del art. 52 del código penal.- Orlando Ramon Agosti: Reclusión perpetua con más la accesoria del art. 52 del código penal.- Roberto Eduardo Viola: Reclusión perpetua.- Armando Lambruschini: Reclusión perpetua.- Leopoldo Fortunato Galtieri: 15 años de prisión- Omar Rubens Graffigna: 15 años de prisión- Jorge Isaac Anaya: 12 años de prisión- Basilio Lami Dozo: 10 años de prisión

Para todos, con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.

Señores jueces: “Nunca más."

1985

Este juicio fue representado en varias películas. Una de ellas, Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre, la cual se transformó en un fenómeno cultural 37 años después del hecho. Fue estrenada en 2022, recibió múltiples premios y obtuvo una candidatura al Oscar. El futbolista argentino Lionel Messi la recomendó en sus redes sociales; llenó salas durante semanas y conmovió a diferentes generaciones que en el cine lloraban, aplaudían y hasta gritaban “Viva la patria”.

El Juicio a las Juntas Militares fue un mojón de la historia reciente argentina y de las democracias latinoamericanas. La lucha de los organismos de derechos humanos y la voluntad política de una sociedad que empezaba a vislumbrar los crímenes del terrorismo de Estado fueron elementos necesarios para que un tribunal ordinario, por primera vez en la historia universal, juzgare delitos que hoy son considerados de lesa humanidad.

“Nunca más fue y sigue siendo nuestra brújula”, expresó el fiscal Luis Moreno Ocampo, uno de los protagonistas de aquel juicio: “Si hubo una enseñanza que dejamos al mundo es que un pueblo puede enfrentar su pasado más oscuro con dignidad”.

A cuarenta años, el eco de esa sentencia histórica sigue resonando en cada rincón del país. Como en 1985, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué democracia queremos construir?