Pinamar | El Concejo aprueba la “Ordenanza Fausto” pero el Ejecutivo la veta parcialmente: controversia y reclamo social

 29 de diciembre de 2025 — En las obras no hubo cambios. El trabajo siguió como cada día, sin interrupciones ni controles visibles. Al mismo tiempo, en el ámbito administrativo, el Departamento Ejecutivo municipal avanzó con el veto parcial a la Ordenanza Fausto, una iniciativa que buscaba imponer reglas más estrictas de seguridad en la actividad constructiva.

La ordenanza había sido aprobada a fines de noviembre por el Concejo Deliberante, impulsada por ediles de distintos bloques y atravesada por un reclamo social concreto: que la seguridad en la construcción deje de ser opcional. Llevaba el nombre de Fausto Maldonado, el joven obrero que murió al caer desde un quinto piso en una obra del centro de Pinamar. No era un homenaje simbólico, sino una respuesta política a una muerte evitable.

El veto llegó envuelto en argumentos técnicos y presupuestarios. Pero el efecto fue inmediato. Familiares de víctimas, organizaciones sindicales y sectores de la oposición denunciaron un retroceso y señalaron que la decisión recorta el corazón operativo de la norma: la capacidad real de fiscalizar, inspeccionar y frenar obras ante riesgos graves.

Pinamar vuelve así a discutir lo que nunca termina de resolverse. Una ciudad que crece en altura y volumen, con la construcción como motor económico, pero con controles fragmentados y responsabilidades difusas. La Ordenanza Fausto intentó correr ese límite. El veto parcial lo volvió a fijar en el mismo lugar de siempre.

Mientras tanto, en las obras, nada se detuvo. Esa continuidad —la del trabajo sin garantías plenas— expone una tensión que Pinamar arrastra desde hace años: la velocidad de la construcción frente a la vida de quienes la sostienen.

“La muerte que convirtió el dolor en ley:  el caso de Fausto Maldonado”

La Ordenanza Fausto surgió como respuesta directa a una muerte que dejó al descubierto las fallas estructurales en materia de seguridad laboral dentro de la actividad constructiva en Pinamar. El 12 de agosto de 2023, Fausto Maldonado, un joven trabajador de la construcción, falleció tras caer desde el quinto piso de una obra en ejecución conocida como Positive Tower, ubicada en pleno centro de la ciudad.

De acuerdo con lo que surge del expediente judicial, la caída ocurrió en un contexto donde no existían protocolos adecuados ni elementos básicos de seguridad para quienes realizaban tareas en altura. Fausto trabajaba sin arnés, sin líneas de vida y sin sistemas de protección colectiva, en una obra que avanzaba sin los resguardos mínimos exigibles para preservar la integridad física de los trabajadores.

El caso generó una conmoción profunda en la comunidad local y puso en evidencia una problemática que hasta entonces permanecía, en gran medida, naturalizada. Desde ese momento, la madre de Fausto, Carina Zabala, encabezó una lucha pública sostenida bajo la consigna “Justicia por Fausto”, que trascendió el reclamo penal para convertirse en una exigencia social más amplia.

La causa judicial por homicidio culposo continúa su curso y cuenta con cinco imputados, entre ellos empresarios vinculados a la obra, el arquitecto responsable y el encargado de higiene y seguridad. Sin embargo, el reclamo impulsado por la familia no se limitó al plano judicial: apuntó a impulsar cambios concretos en las políticas municipales, para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

De ese proceso nació la ordenanza que lleva su nombre. No como un gesto simbólico, sino como la traducción normativa de un dolor colectivo que exigía convertirse en prevención.

“Qué decía la Ordenanza Fausto y por qué incomodó al poder”

La denominada “Ordenanza Fausto” nació del dolor, pero también de una demanda social concreta: evitar que la muerte de un joven trabajador en una obra en construcción vuelva a repetirse. El proyecto fue tratado y aprobado en el Concejo Deliberante de Pinamar en una sesión cargada de emotividad, con seis votos afirmativos, abstenciones y notorias ausencias, reflejo de un consenso frágil y de una discusión que excedía lo técnico para tocar fibras políticas y económicas.

La norma sancionada proponía un cambio estructural en el control de la actividad constructiva en el distrito, uno de los motores económicos de la ciudad, históricamente atravesado por denuncias de informalidad, falta de inspecciones y precarización laboral.

En primer lugar, la ordenanza planteaba la creación de un Sistema Integral Municipal de Auditoría, Seguridad, Higiene y Fiscalización en Obras, con el objetivo de unificar criterios, centralizar controles y establecer responsabilidades claras sobre quién debía prevenir riesgos y cómo hacerlo.

Ese sistema se apoyaba en la creación de una Oficina Municipal de Auditoría de Obras y Seguridad, integrada por profesionales matriculados, con facultades específicas para inspeccionar obras en todas sus etapas. La iniciativa apuntaba a dejar atrás los controles esporádicos y avanzar hacia un esquema técnico permanente, con capacidad real de intervención.

Entre sus puntos más sensibles, la ordenanza exigía que todas las obras cuenten con legajos técnicos visados, programas de seguridad aprobados por las ART y controles periódicos obligatorios, cerrando el margen para construcciones informales o con documentación incompleta, una práctica extendida en el distrito.

La normativa también otorgaba al municipio una herramienta clave: la posibilidad de paralizar obras de manera inmediata cuando se detectaran riesgos graves e inminentes para trabajadores o terceros, priorizando la vida por sobre los plazos o intereses económicos.

Otro eje central era la implementación de un Carné Municipal obligatorio de Formación en Seguridad para trabajadores de la construcción, con renovación anual, con la intención de garantizar que quienes trabajan en altura o en tareas de riesgo cuenten con capacitación mínima y actualizada.

Además, la ordenanza proponía la creación de un registro local de profesionales y empresas sancionadas por incumplimientos en materia de seguridad e higiene, introduciendo un componente de memoria administrativa y transparencia, para evitar que los responsables de obras irregulares sigan operando sin consecuencias.

Por último, habilitaba canales formales de denuncia ciudadana, permitiendo que vecinos, trabajadores o terceros puedan advertir sobre obras irregulares, riesgos visibles o falta de medidas de seguridad, incorporando a la comunidad como parte activa del sistema de control.

Más allá de su contenido técnico, la Ordenanza Fausto representaba un mensaje político claro: la seguridad no debía seguir siendo optativa ni depender de la buena voluntad de las empresas. Su posterior veto parcial no solo reabrió el debate jurídico, sino que dejó al descubierto una pregunta incómoda: ¿qué nivel de control está dispuesto a ejercer el Estado municipal sobre una actividad que mueve millones, pero que también ha costado vidas.?

“El veto que volvió a poner el límite en la prevención”

Este mediodía, el intendente Juan Manuel Ibarguren, en uso de la facultad que le otorga la normativa vigente para promulgar o vetar total o parcialmente las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante, resolvió vetar parcialmente la denominada Ordenanza Fausto.

Si bien al cierre de esta nota el texto definitivo del veto aún no había sido publicado en el Boletín Oficial municipal, fuentes locales y comunicaciones difundidas por personas vinculadas a la causa señalan que la decisión del Ejecutivo alcanza disposiciones centrales del sistema de fiscalización y auditoría previsto por la norma. En particular, el veto impactaría sobre la autonomía operativa de la nueva Oficina Municipal de Auditoría de Obras y Seguridad, así como sobre las potestades obligatorias de inspección que la ordenanza buscaba consolidar.

Según explicaron funcionarios cercanos al intendente, el argumento oficial se apoya en objeciones técnicas y presupuestarias, además de la necesidad de armonizar la ordenanza con la legislación provincial vigente. No obstante, hasta el momento no se difundió un detalle exhaustivo de los fundamentos jurídicos, lo que alimentó cuestionamientos y pedidos de mayor transparencia.

En paralelo, desde ámbitos afines al Ejecutivo se expresó en redes sociales que algunas disposiciones de la ordenanza podrían implicar “obligaciones para el municipio sin la correspondiente asignación de recursos técnicos y económicos”, una justificación que, para los impulsores de la norma, no alcanza a explicar el alcance real del veto.

La reacción no se hizo esperar. El veto parcial generó rechazo y protestas inmediatas por parte de quienes acompañan la lucha de Carina Zabala, madre de Fausto. Para su entorno, la decisión del Ejecutivo constituye un “retroceso” en la protección de los trabajadores, especialmente en un distrito donde la construcción es una de las principales actividades económicas y donde los antecedentes de accidentes laborales graves forman parte de una historia reciente que aún duele.

La muerte de Fausto, advierten, no fue un hecho aislado. En los últimos años, distintos incidentes, derrumbes y caídas en obras de la costa atlántica bonaerense volvieron a encender las alarmas sobre la falta de controles efectivos, la informalidad y la precarización laboral que atraviesan al sector.

Organizaciones sindicales y de defensa de los derechos laborales sostienen que, sin marcos regulatorios más estrictos y sin una capacidad real de fiscalización local, cientos de trabajadores —muchos de ellos jóvenes, sin formación formal ni redes de protección— continúan exponiéndose diariamente a riesgos que no siempre terminan en estadísticas, pero sí en tragedias.

Aspecto	Ordenanza 7108/2025 (Texto original)	Tras Decreto 2088/2025
Rol del Concejo Deliberante	Establecía controles y exigencias con impacto operativo directo	Mantiene funciones normativas, sin intervención operativa
Obligaciones al Ejecutivo	Imponía acciones concretas, procedimientos y responsabilidades	Se eliminan las obligaciones
Competencias administrativas	Avanzaba sobre atribuciones del Departamento Ejecutivo	Se restablece la competencia exclusiva del Ejecutivo
Vigencia de la norma	Total	Parcial: solo artículos no vetados

El veto parcial no fue un tecnicismo ni una cuestión administrativa: fue una decisión política. Frente a una ordenanza que buscaba prevenir, controlar y salvar vidas, el Ejecutivo eligió recortar, diluir y postergar. La Ordenanza Fausto no pretendía castigar ni burocratizar la construcción, sino garantizar que nadie vuelva a morir por trabajar sin casco, sin arnés y sin control. Al desarmar sus herramientas centrales y devolver la norma al terreno de las buenas intenciones sin poder real, el veto dejó un mensaje inquietante: en Pinamar, la seguridad sigue siendo negociable. Y cuando el Estado decide negociar la seguridad, la próxima tragedia deja de ser una posibilidad para convertirse en una deuda anunciada.

“El momento de asumir responsabilidades”

Con el veto parcial ya formalmente comunicado, el foco vuelve a posarse sobre el Concejo Deliberante, que deberá definir si acepta la decisión del Ejecutivo —lo que implicaría que la Ordenanza Fausto nunca entre en vigencia en los términos en que fue sancionada— o si decide insistir con el texto original, una alternativa que exige nueva votación, quórum completo y mayorías calificadas.

La definición no será menor. Lo que está en juego no es solo el destino de una norma, sino el alcance real del compromiso político con la prevención y la seguridad laboral en una ciudad atravesada por la construcción.

En paralelo, la causa penal por la muerte de Fausto continúa su curso en los tribunales, mientras que el reclamo social por mayores estándares de control y protección para los trabajadores de la construcción sigue latente y activo. En Pinamar y en toda la región, el debate ya trascendió el expediente legislativo: se convirtió en una discusión sobre responsabilidades, límites y prioridades del Estado.

“Seguridad ausente, consecuencias reales”

En junio de 2025, se presentó ante el Concejo Deliberante de Pinamar un informe que documenta graves irregularidades en al menos 20 obras en construcción en altura dentro del distrito. El relevamiento, elaborado a partir de observaciones directas y denuncias, expuso un patrón reiterado de incumplimientos en materia de seguridad, entre ellos:

• Falta de elementos de protección personal (EPP) esenciales, como cascos, arneses y líneas de vida.

• Ausencia de redes de contención, barandas reglamentarias y protecciones colectivas en trabajos en altura.

• Cartelería de obra inexistente o incompleta, sin identificación del profesional responsable ni matrícula visible.

  
  

La discusión en torno a la Ordenanza Fausto no ocurre en el vacío. Estos datos reflejan un escenario concreto y persistente de riesgo en la actividad constructiva local, donde la falta de controles efectivos se traduce en trabajadores expuestos a situaciones potencialmente fatales.

Ese contexto quedó reflejado en una serie de hechos recientes que volvieron a encender las alarmas sobre la seguridad en obras y edificios de Pinamar y la región:

🔹 Accidente grave en la obra “Garden Tower”El 5 de diciembre de 2025, tres obreros cayeron por un hueco destinado a un futuro ascensor luego de que cedieran las chapas sobre las que caminaban. Uno de ellos sufrió heridas de gravedad. Tras el hecho, la obra fue clausurada de manera preventiva por carecer de permisos municipales vigentes.

🔹 Caída de un trabajador desde un edificio en altura (“Edificio Del Sol”)El 26 de diciembre de 2025, un operario de 47 años se precipitó desde un décimo piso mientras realizaba tareas de mantenimiento. Fue asistido inicialmente en el hospital local y luego derivado a un centro de mayor complejidad en Mar del Plata debido a la gravedad de las lesiones.

🔹 Derrumbe parcial en una obra en Costa EsmeraldaEl 27 de noviembre de 2025, se produjo un colapso parcial en una construcción ubicada en Costa Esmeralda, zona cercana a Pinamar. Dos obreros quedaron atrapados entre los escombros; uno de ellos fue rescatado con heridas graves. El operativo demandó la intervención de bomberos de varias localidades.

Lejos de ser episodios aislados, estos accidentes exhiben un patrón de riesgos repetidos en un contexto donde la fiscalización resulta insuficiente. La acumulación de siniestros, sumada a las irregularidades documentadas, refuerza el planteo central de la Ordenanza Fausto: sin controles permanentes y protocolos estrictos, la prevención queda librada al azar.