El sonido prohibido: crónica de una víspera de Año Nuevo en Pinamar

En la previa de Año Nuevo, los estallidos volvieron a escucharse en distintos barrios de Pinamar pese a la ordenanza que prohíbe la pirotecnia. Mientras los perros ladraban con nerviosismo, muchas familias con niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista atravesaron horas de angustia en una noche que no fue celebración para todos.

Pinamar, 31 de diciembre de 2025 - Habían pasado apenas unos minutos de la tarde cuando, desde el barrio Norte hasta Valeria del Mar, se empezaron a escuchar los primeros estallidos. No fue uno solo. No fue lejano. Fue una cadencia, un ritmo discontinuo y persistente que perforó el aire tibio de la víspera de Año Nuevo. Había algo inusual en esos sonidos: no venían de un espectáculo oficial ni de una playa acondicionada. Venían de las manos de vecinos, turistas y usuarios que decidieron celebrar como si no existiera ley alguna.

Y, sin embargo, existía. En Pinamar rige desde 2017 la Ordenanza Nº 5106/17, que prohíbe en todo el territorio municipal la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio de artificios pirotécnicos y cohetería. El artículo primero es tajante: “Prohíbase…”. 

Pero las palabras impresas en papel parecen no haber encontrado eco en las veredas, las plazas ni las calles de arena. Los petardos, las bombas de estruendo y las luces fugaces resquebrajaron el silencio de decenas de barrios. Y el ladrido nervioso de los perros —desde Cariló hasta Ostende— fue la banda sonora no oficial de la noche. Algunos animales parecían correr sin rumbo, otros se pegaban a sus dueños, temblando como si cada detonación fuera una amenaza inminente. No era un concierto de rugidos felices: era alarma, confusión, miedo.

Para muchos vecinos, la escena fue una contradicción viviente: una ordenanza con impronta protectora y una práctica social que la ignoró casi por completo. La ley había sido pensada para reducir riesgos —no solo para evitar accidentes de manos y rostros, sino para proteger a quienes sufren por el ruido— como los niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), cuyo umbral sensorial sensible convierte cada explosión en una experiencia dolorosa, desorientadora, y muchas veces aterradora.

Las autoridades municipales, que en su momento celebraron la sanción de la norma como un avance en materia de salud pública y convivencia, hoy observan cómo una parte significativa de la comunidad continúa utilizando pirotecnia bajo el argumento de que “así se festeja”. A esa conducta se suman también numerosos turistas, que cada verano reproducen prácticas ajenas a la normativa local y refuerzan una lógica de celebración que desconoce sus consecuencias. La realidad expone una paradoja: la prohibición existe y está claramente expresada en el texto de la Ordenanza 5106/17, pero su aplicación quedó debilitada por un obstáculo jurídico decisivo, una resolución judicial que suspendió sus efectos tras un reclamo del sector empresarial.

Así, este 31 de diciembre dejó una postal de contradicciones: una norma pensada para proteger, una Justicia que la limita y una multitud —integrada tanto por residentes como por visitantes— que celebra a fuerza de estruendo, incluso en un entorno altamente vulnerable al fuego.

Mientras tanto, los ladridos se multiplicaban, los niños con TEA temblaban ante cada explosión y el riesgo de incendio se hacía latente en una ciudad rodeada de bosque, pinos y médanos secos. La playa —con su arena dorada y su calma habitual— se vio atravesada por destellos y estampidos, como si quisiera competir con las estrellas del cielo. La prohibición quedó escrita. Pero la noche, esa noche, eligió ignorarla.